España aprueba la regularización de extranjeros
***La medida beneficiaría a cerca de 500.000 ciudadanos ***
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que reforma la ley de extranjería para regularizar la situación de aproximadamente 500.000 inmigrantes en España. La medida nació de una Iniciativa Legislativa Popular registrada en el Congreso y la posterior toma en consideración de la misma por parte de todos los partidos a excepción de Vox. Ahora, al aprobarla por real decreto tras llegar a un acuerdo con Podemos, la iniciativa no tendrá que pasar por la Cámara Baja.
¿Quiénes podrán beneficiarse?
Por un lado, todas aquellas personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2025, llevaran al menos viviendo cinco meses en el país; y, por otro, quienes hayan presentado una solicitud de protección internacional antes del mismo día.
¿Qué otros requisitos hay que cumplir?
Los solicitantes no podrán contar con antecedentes penales «ni suponer una amenaza para el orden público», según expone el Gobierno.
¿Cuándo entrará en vigor?
Al ser un real decreto, aprobado ya en el Consejo de Ministros, la medida entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado.
¿Qué plazos maneja el Gobierno?
La idea es que el plazo para solicitar los papeles esté abierto desde «principios de abril, una vez se cumplan los trámites preceptivos de la tramitación del Real Decreto», hasta el próximo 30 de junio. «La propia admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector y cualquier parte del país», ha explicado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
¿Cuánto dura el permiso?
Cuando esa solicitud se admita a trámite, «se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Y, «si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería». En el caso de que la regularización incluya a hijos menores de edad, la vigencia será de cinco años hasta la autorización ordinaria.
¿Qué impacto tendrá?
El Gobierno defiende «la evidencia empírica» de que «las regularizaciones generan efectos positivos». La de 2005, impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, «mejoró la integración laboral y la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación fiscal y redujo la informalidad en sectores dependientes de mano de obra migrante». «La medida permite regularizar la situación de miles de personas que ya forman parte de nuestras comunidades. Son vecinos y trabajadores en sectores esenciales como el cuidado, la agricultura o la hostelería, que contribuyen diariamente a la vida económica y social de barrios y municipios», ahonda el Gobierno.
¿Qué precedentes existen?
La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno es la mayor que se ha hecho desde 2005 (576.506 personas) y se trata de una manera habitual en los ejecutivos tanto del PSOE como del PP. Según datos del Ministerio de Migración, en los 14 años que Felipe González estuvo en la Moncloa se concedieron más de 174.000 solicitudes. Por su parte, José María Aznar regularizó a más de medio millón de inmigrantes en sus dos legislaturas.
¿Qué razones da el Gobierno para evitar al Congreso?
El Gobierno justifica la aprobación de la medida mediante real decreto en que, tras su toma en consideración, la ILP «ha permanecido bloqueada durante demasiados meses» en el Congreso. «Ante la urgencia social y el amplio consenso político, económico y social de la media, el Gobierno ha estudiado la vía reglamentaria para dar la oportunidad a personas que se encuentran en nuestro país de vivir con igualdad de derechos y oportunidades. No es una alternativa al Parlamento, es una respuesta de Gobierno dentro del marco constitucional y plenamente compatible con el debate legislativo», arguye el Ejecutivo.
(Con información de 20minutos)
